MADRID.- “Una periodista con la que trabajaba que también era actriz se casó con un compañero del periódico. Un día, me llamó por teléfono muy disgustada. Su marido la había encerrado en casa y se había llevado a su hija de tres meses
como castigo porque había escrito una columna en la que criticaba a un ministro con el que tenía algún negocio”.
Este era uno de los ejemplos con los que la periodista y activista sudanesa Liemia El Jaili reflejaba la realidad de su país. Según explicó en la mesa redonda organizada por la Fundación Euroárabe, además de existir una brutal violencia hacia las mujeres por parte de los hombres, también el propio Estado acosa. “El Gobierno se escuda en la religión para devolver a las mujeres siglos atrás. Se han modificado varias leyes que ponen más carga y obstáculos sobre este asunto”.
Sudán, el país más grande de África, escenario desde 2003 de un auténtico genocidio en la región de Darfur, sometido a embargo por parte de EEUU y bajo una dictadura islamista tras el golpe de Estado de Omar Hassan al-Bashir en 1989, no es el mejor lugar para la mujer.
Liemia El Jaili denunciaba que ahora hay más agresiones que antes, que ser del partido del Gobierno es lo que prima a la hora de encontrar trabajo frente a cualquier otra cualidad y que desde que se ha adoptado la economía libre, se vive un proceso de fenimización de la pobreza. “La mujer sufre la violencia del Gobierno, económica y de las guerras, en las que las mujeres son las primeras y mayores víctimas”.

La imborrable mancha del ultraje

Según relataba, el 85% de las mujeres de Sudán mantiene a sus familias, pero ahora está creciendo el número de las que no tienen hogar, con ello aumentan las violaciones, las enfermedades, los divorcios y los niños sin padres. Una estadística oficial dice que al año son abandonados en las calles del país 300 bebés.
‘Para denunciar una violación, necesita cuatro testigos, lo cual es imposible, y si no lo logra, ella será juzgada como fornicadora’.

El Jaili no sonríe mucho. Su voz suena profunda y leve a la vez. Su mirada está cansada y refleja el sentimiento de responsabilidad por formar parte del grupo invitado por la Fundación.
La indefensión de la mujer es patente. Para poder divorciarse, por ejemplo, debe presentar pruebas de que hay agresiones, partes médicos o testigos. Además, para denunciar una violación, necesita cuatro testigos, lo cual es imposible, y si no lo logra, ella será juzgada como fornicadora.
“El sistema es hipócrita: las violaciones en Darfur fueron sistemáticas, en lugares públicos, ante sus maridos. Y estas mujeres viven con la mancha del ultraje, aisladas. He hablado con muchas mujeres de esa región que fueron violadas y no pueden no siquiera conseguir partida de nacimiento para sus hijos. El Gobierno no les reconoce”.
Con ayuda de la ONU, se preparó un texto para prohibir la ablación del clítoris, pero el Gobierno no quiso ratificarlo. “Hablar de todo esto duele, pero hay que hacerlo, hay que romper la barrera del silencio”, añadía.
Igual de inexistente que la Justicia de Género es la libertad de expresión. El periodista necesita una licencia para trabajar, pero conseguirla es muy difícil a no ser que se milite en el partido gobernante. Además, hay “un hombre del aparato de seguridad” en cada medio que cada día censura. “Las líneas rojas sobre nuestro trabajo aumentan cada vez más”, afirmaba la periodista.